脷ltimo momento

Se conocieron las Declaraciones Juradas de los jueces de la Corte Suprema

La informaci贸n es parcial, pero permite conocer las fortunas de los integrantes del m谩ximo tribunal de Justicia del pa铆s.

Luego seis a帽os de insistentes reclamos a trav茅s de pedidos de acceso de la informaci贸n p煤blica, la Asociaci贸n Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) logr贸 que los cinco jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Naci贸n entreguen sus declaraciones juradas patrimoniales.

Aunque la informaci贸n no es completa, los datos brindados por los magistrados permiten elaborar un ranking de riqueza del m谩ximo tribunal de Justicia del pa铆s, a partir de las declaraciones impositivas de ganancias y bienes personales del 2015 al 2017, que se tramitaron en la AFIP.

En la cima figura el actual presidente Carlos Rosenkrantz, que seg煤n Bienes Personales posee $39,5 millones (casi u$s 1 mill贸n) y seg煤n Ganancias unos $24 millones. Pr谩cticamente todos sus bienes est谩n en la Argentina. Del 2015 al 2017 por BP se puede deducir que su patrimonio se increment贸 75%, mientras que por Ganancias subi贸 107%.

El santafesino Ricardo Lorenzetti es el 煤nico con doble resultado: por un lado vio caer su patrimonio en los 煤ltimos a帽os y por otro creci贸. De Ganancias declar贸 $ 10 millones en el 2015; $9,6 millones en el 2016, y unos $9,3 en el 2017. En cambio, las presentaciones por Bienes Personales reflejan que en 2015 ten铆a $20 millones, en el 2016 escal贸 a $22,4 millones y en el 2017 alcanz贸 $25,7 millones. En dos a帽os el patrimonio en dep贸sitos en el exterior de Lorenzetti pas贸 del 34,4% del total al 43,5%.

Elena Highton de Nolasco posee $12,4 millones seg煤n formularios de Ganancias y $13,2 millones si se analiza la declaraci贸n de BP.

Juan Carlos Maqueda dijo que en 2017 pag贸 impuestos a las Ganancias por un fortuna de $5 millones, mientras que al declarar Bienes Personales ostent贸 un patrimonio de $6,7 millones. Un tercio de su riqueza la mantiene en billetes en efectivo.

Pese a que por error el informe aseguraba que en la informaci贸n entregada por Horacio Rosatti, el formulario de Ganancias no conten铆a datos sobre su patrimonio neto total de 2017, desde la Corte aclararon que la evoluci贸n completa se puede conseguir al visitar la web personal del exministro de Justicia. Entonces, el magistrado en el 2016 declar贸 $2,7 millones. En cuanto a la informaci贸n de BP: en dos a帽os subi贸 de $1,1 millones a $ 6,9 millones. El otro santafesino de la Corte supo poseer casi la mitad de su patrimonio en el exterior en el 2016. Hoy, no llega al 7% del total.

鈥淟a publicidad de las declaraciones juradas de quienes ejercen cargos de relevancia en el Estado es fundamental para garantizar la transparencia y la rendici贸n de cuentas en el ejercicio de sus funciones y la administraci贸n de los recursos p煤blicos鈥, subrayaron los expertos de la ACIJ.

Para la entidad sin fines de lucro, la publicaci贸n de las DDJJ es una de las herramientas 鈥渕谩s efectivas鈥 para prevenir y controlar casos de corrupci贸n y conflictos de intereses, al mismo tiempo que resulta de 鈥渕ucha utilidad para garantizar la independencia judicial y la legitimidad de jueces鈥

Sin embargo, la ACIJ puso el grito en el cielo por la informaci贸n parcial que otorgaron los ministros. 鈥淧ara que este mecanismo sea efectivo es necesario que las declaraciones patrimoniales sean un reflejo fiel y detallado de la situaci贸n patrimonial del funcionario p煤blico y de su entorno familiar m谩s cercano durante todo el per铆odo en el que duren sus funciones. De lo contrario, es imposible que cumplan con sus objetivos adecuadamente鈥, advirtieron. Y eso fue lo que sucedi贸: desde 2017 se observa vio una 鈥済rave reducci贸n de informaci贸n鈥 en los papeles entregados.

Para la ACIJ es indispensable que la informaci贸n entregada por la Corte cumpla con los est谩ndares previstos en la ley 25.188 y se adec煤e a las mejores pr谩cticas en la materia. 鈥淭al como fue entregada, la informaci贸n no permite satisfacer con los objetivos del mecanismo de publicidad de las declaraciones juradas. La falta de detalle y la escasez de informaci贸n no permiten un control adecuado de su evoluci贸n patrimonial ni de potenciales conflictos de intereses o conductas inadecuadas鈥, remarcaron.

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