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La Provincia deberá pagar $100 millones por el “Ferreyra”

Lo ordenó el Tribunal Superior de Justicia. Tomó los 29.546.000 de pesos reconocidos expresamente por el propio Estado provincial tras la expropiación.

ferreyra

El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) fijó en 29.546.000 pesos el monto de la indemnización que la Provincia deberá pagar por la expropiación del edificio conocido como “Palacio Ferreyra”.

Pero esta cifra se elevará a más de 100 millones de pesos, una vez que sea liquidado el saldo del precio establecido, más los intereses y las costas que devengó el proceso judicial.

A través de su Sala Civil y Comercial, el Alto Cuerpo dictó sentencia definitiva en el juicio de expropiación del emblemático solar, que se encuentra en manos del Estado provincial desde junio de 2005.

En ese momento, como mediaba una ley de declaración de utilidad pública y como no se había alcanzado un acuerdo en sede administrativa sobre el real valor económico atribuible al inmueble, la Provincia promovió el proceso judicial de expropiación y solicitó la toma de posesión del palacio.

Este le fue entregado previa consignación de la suma de 9.350.000 de pesos (cifra valuada por el Consejo General de Tasaciones, con más el 10% de ley).

Por su parte, la firma Casa Grande S.A., propietaria del edificio, reputó insuficiente dicho monto y, en cambio, reclamó el pago de una suma superior a los 56.000.000 de pesos.

En primera instancia, el titular del Juzgado en lo Civil y Comercial de 23º Nominación de esta ciudad estableció el precio total y definitivo por la expropiación en la suma de 41.438.000 de pesos.

Asimismo, sin declarar la inconstitucionalidad del artículo 13 de la Ley 6394 (de Expropiaciones), dispuso que, al monto indemnizatorio –y previa deducción del consignado al inicio del juicio, 9.350.000 de pesos-, se adicionara una tasa de interés del 12% anual, a partir de la fecha de la desposesión y hasta el efectivo pago.

Al mismo tiempo, impuso las costas a la parte actora (el Gobierno) y proveyó a la regulación de honorarios de los abogados y peritos actuantes.

Por su parte, al acoger parcialmente los recursos de apelación planteados por las partes, la Cámara en lo Civil y Comercial de 4º Nominación redujo el monto de la indemnización expropiatoria a la suma de 24.650.000 pesos y modificó la tasa de interés aplicable (la fijó en la tasa pasiva que publica el Banco Central de la República Argentina más el 1% mensual).

Por otra parte, mantuvo la imposición de las costas de primera instancia a la expropiante y distribuyó las devengadas en segunda instancia.

Recursos ante el TSJ
Contra la sentencia de la Cámara, las partes promovieron sendos recursos de casación: la demandante cuestionó solo lo resuelto en materia de intereses, y la demandada, el precio, los intereses y el régimen de costas.

Al hacer lugar parcialmente a la impugnación de la expropiada, el Alto Cuerpo elevó el monto indemnización a 29.546.000 de pesos, en especial atención a que, en un escrito presentado el 28 de diciembre de 2007, la propia Provincia había reconocido de manera explícita que dicha suma constituía el “precio justo” a pagar, lo que fue interpretado por el TSJ como un reconocimiento judicial expreso.

En la resolución, los vocales esgrimieron que, “a partir de ese momento”, esa suma quedó emplazada “como nuevo valor admitido por el expropiante como ‘precio justo’ del inmueble en cuestión y, en tal carácter, en pauta cuantitativa irreductible a la hora de fijar la indemnización respectiva”.

Y agregaron que ese monto, que suponía “un significativo incremento del oportunamente consignado al instar en sede judicial la desposesión del bien declarado de utilidad pública, condicionaba de modo inexorable la tendencia de la decisión a adoptar en esa sede”.

Además, de acuerdo con el TSJ, esa suerte de “reformulación del ofrecimiento económico inicial” por parte de la expropiante era demostrativa no solo de la insuficiencia de la suma consignada en el momento de la desposesión, sino, además, de la existencia y entidad del saldo pendiente de pago.

Por ello, dicho reconocimiento se transformó también en relevante en materia de intereses.

Así, teniendo en cuenta que tal reconocimiento de la Provincia había sido emitida a valores actualizados al 28 de diciembre 2007, el Alto Cuerpo dispuso que, desde el momento de la desposesión del inmueble a la parte demandada (7 de junio de 2005) y hasta aquella primera fecha (la de 2007), se aplicaran intereses a una tasa del 6% anual, que es lo que fija el artículo 13 de la Ley de Expropiaciones.

No obstante, en la inteligencia de que el reconocimiento había generado a la expropiante la obligación de completar en ese mismo acto -y hasta la suma reconocida- la consignación inicial que legitimaba la toma de posesión, y como no lo había hecho, el TSJ concluyó lo siguiente: ese incumplimiento tornaba aplicables, a partir del 28 de diciembre de 2007 y hasta la fecha efectivo de pago, los intereses según la tasa de uso judicial para deudas comunes en mora; esta asciende a la pasiva promedio que publica el BCRA más el 2% mensual.

En lo atinente a las costas, las de primera instancia fueron mantenidas a cargo de la expropiante; mientras tanto, las devengadas en las instancias recursivas fueran distribuidas por el orden causado (entre las partes).

Al menos en el orden provincial, el pronunciamiento del TSJ pone fin a un litigio prolongado y complejo, al haberse determinado el “justo precio” que se debe pagar por la expropiación del inmueble, de gran relevancia arquitectónica.

El desenlace significará para el erario público provincial -una vez liquidado el saldo del precio fijado más los intereses y las costas- el desembolso de más de 100 millón de pesos.

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