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La Corte Suprema analiza la continuidad del aeropuerto El Palomar

Por queja de vecinos, el máximo Tribunal requirió al Gobierno la Declaración de Impacto Ambiental de la base donde operan las “low cost”.

Ante el reclamo y queja de vecinos del partido Morón por los ruidos, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) hizo un pedido de informes al gobierno nacional que puso en alerta la continuidad del Aeropuerto El Palomar, epicentro donde operan las aerolíneas “low cost”, Flybondi y Jetsmart, entre otras.

Así, con las firmas de los jueces Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda, el máximo Tribunal solicitó al Ministerio de Transporte de la Nación, al Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) y a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) que remitan la Declaración de Impacto Ambiental junto con toda otra documentación respaldatoria, en un plazo no mayor al de treinta días hábiles.
El aeropuerto, para este tipo de operaciones, se habilitó en febrero de 2018. La Justicia busca conocer si en ese entonces,el gobierno cumplió con el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) que incluye la emisión de una Declaración de Impacto Ambiental.

El Ministerio de Transporte, que conduce Guillermo Dietrich, aseguró que esto no era ilegal porque no era requisito indispensable para que se utilice como base aerocomercial, algo que terminó siendo avalado por la jueza Martina Forns, que rechazó el planteo vecinal basado en que no podían habilitarse los vuelos sin estos pasos previos, de acuerdo a la Ley General del Ambiente de la Nación N° 25.675.

Los jueces de la Cámara Federal de San Martín explicaron – en marzo de 2018- que El Palomar cuenta con dos Estudios de Impacto Ambiental pero no se hizo el Procedimiento EIA, y por ende no existe la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), algo que no era un requisito previsto en la habilitación que ya tenía para funcionar remarcando que la base estaba habilitada desde 1968 y que la norma que lo regía era tener los Estudios de Impacto y “no que se llevara adelante una EIA ante la autoridad ambiental”.

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