脷ltimo momento

Elevan a juicio una causa de abuso de autoridad que involucra a un comisario

Rub茅n Luna se desempe帽aba en la Caminera y demor贸 en informar una extorsi贸n cometida por tres polic铆as.

Elevaron a juicio la causa en la que est谩 involucrado el comisario Rub茅n Humberto Luna, por un hecho ocurrido cuando se desempe帽aba como Jefe del Departamento de Coordinaci贸n Capital de la Polic铆a Caminera, que fue calificado como abuso de autoridad.

La disposici贸n fue adoptada por el juez de Control Penal Econ贸mico y Anticorrupci贸n, Gustavo Hidalgo.

El funcionario policial est谩 acusado de no haber dado inmediata noticia a la autoridad judicial de la presunta comisi贸n de un hecho delictivo (art. 326 del C贸digo Procesal Penal de C贸rdoba [CPPC]) cometido por parte de un grupo de subalternos, aunque 茅l hab铆a tomado conocimiento inmediato.

Seg煤n la investigaci贸n, el 6 de enero de 2018, en horas de la ma帽ana, durante un control de rutina en la Av. Circunvalaci贸n, tres empleados policiales adscriptos a la Direcci贸n General de la Polic铆a Caminera habr铆an extorsionado a un matrimonio, oriundo de otra provincia, exigi茅ndoles dinero para permitirles seguir el viaje.

En base a precedentes de la C谩mara de Acusaci贸n de C贸rdoba, el juez Hidalgo sostuvo que Luna debi贸 haber entregado inmediatamente el procedimiento de aquel posible delito a la autoridad judicial como as铆 tambi茅n el dinero secuestrado, posteriormente, en un m贸vil policial, que pod铆a estar relacionado con la exigencia ilegal.

El magistrado agreg贸 que no lo exim铆a de tal obligaci贸n el haber dado la orden de hacerlo a sus inferiores dos d铆as despu茅s. En tal sentido, entendi贸 que se trataba de un deliberado retraso con la directa intenci贸n de violentar la ley (art. 326, CPPC).

En la resoluci贸n, Hidalgo argument贸 que, desde el punto de vista objetivo, puede incurrir en abuso de autoridad tanto el funcionario que nunca realiza el acto dispuesto por la ley, como el que lo realiza m谩s all谩 del plazo 煤til para que ese acto produzca sus efectos jur铆dicos normales. Asimismo, se帽al贸 que, en este caso, exist铆a la posibilidad de que esa prueba hubiera perdido eficacia por el transcurso del tiempo en que hab铆a sido entregada y el traspaso de mano en mano que de ella se hab铆a efectuado. As铆, entendi贸 que la demora en la entrega si hab铆a afectado 鈥渆l correcto y normal funcionamiento de los 贸rganos que componen la administraci贸n p煤blica, entendiendo por tal a los tres poderes que integran la estructura del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial鈥, y por lo tanto, se trata de una conducta t铆pica, una omisi贸n o retardo funcional elevando a juicio la causa.

En su resoluci贸n, el juez razon贸, discrepando parcialmente con el Ministerio P煤blico Fiscal, que Luna no estaba obligado a aprehender en tanto no se trataba de un caso de flagrancia 鈥搒orprendidos en momento de cometer el hecho ni perseguidos o con objetos que hicieran presumir vehementemente que acababan de participar en un delito (art. 276 del CPP)- sino que un empleado policial de otra repartici贸n recibi贸 un llamado de los supuestos extorsionados y comunic贸 esta novedad a un tercer funcionario policial que, a su vez, llam贸 por tel茅fono a Luna.

Seg煤n la posici贸n del juez de Control, reci茅n entonces el imputado mantuvo contacto con los supuestos extorsionadores, no configurando ello los dem谩s casos habilitados para aprehender (art. 277, en funci贸n del art. 272, 1掳 p谩rrafo, del CPPC), lo que no obstaba su obligaci贸n de entrega inmediata del procedimiento a la autoridad judicial.

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