√öltimo momento

Determinan que mujeres presas deben cobrar asignaciones familiares

Con voto un√°nime, el fallo alcanza a embarazadas y madres detenidas con sus hijos menores a cuatro a√Īos.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) determin√≥ que las mujeres que se encuentran detenidas con sus hijos menores a cuatro a√Īos o que se encuentren embarazadas tienen derecho de percibir las asignaciones familiares (Asignaci√≥n √önica por Embarazo (AUE), la Asignaci√≥n Universal por Hijo (AUH) y las asignaci√≥n familiar para aquellas que realizaban trabajo intramuros).

Con voto unánime de todos sus integrantes se confirmó la sentencia de la Cámara Federal de Casación Penal que había condenado a la ANSeS a pagarle esos beneficios a las internas del Centro de Detención de Mujeres Unidad 31, de Ezeiza.

El reclamo, que fue promovido por la Procuración Penitenciaria de la Nación y la Defensoría Oficial mediante un habeas corpus a la ANSeS, había sido rechazado por la justicia federal de La Plata pero Casación lo admitió con fundamento.

‚ÄúEl ingreso a una prisi√≥n no despoja a las personas de la protecci√≥n de las leyes”, subraya el fallo.

Entre sus razones argument√≥ que la negativa a reconocer los beneficios pretendidos configuraba un ‚Äúsupuesto de agravamiento ileg√≠timo de las condiciones de detenci√≥n‚ÄĚ y que la ‚Äúley de asignaciones familiares no excluye a las mujeres privadas de la libertad ni a sus hijos‚ÄĚ.

En su sentencia, la Corte Suprema consideró que la interpretación dada por la Cámara de Casación a las normas aplicables había sido en favor de los derechos consagrados por la Constitución y en los tratados internacionales con jerarquía constitucional.

El Alto Tribunal evaluó que la ANSeS no había invocado ninguna norma que excluyera a las reclamantes de los beneficios solicitados.

El Tribunal tambi√©n hizo referencia en su fallo a la situaci√≥n de ‚Äúviolencia institucional‚ÄĚ a la que alude la Ley de Protecci√≥n Integral a las Mujeres y su reglamentaci√≥n en concordancia con las normas internacionales en esta materia, por cuanto ‚Äúla condici√≥n de mujer privada de libertad no puede ser valorada para la denegaci√≥n o p√©rdida de planes sociales, subsidios, servicios o cualquier otro beneficio acordado o al que tenga derecho a acceder‚ÄĚ.

Asimismo destac√≥ que seg√ļn la Convenci√≥n Internacional sobre los derechos del Ni√Īo, los Estados deben tomar ‚Äútodas las medidas apropiadas para garantizar que el ni√Īo se vea protegido contra toda forma de discriminaci√≥n o castigo por causa de su condici√≥n, las actividades o creencia de sus padres‚ÄĚ.

Por su parte, el juez de Casaci√≥n Gustavo Hornos sostuvo que ‚Äúel derecho a trabajar, es un derecho que la persona conserva a√ļn privado de su libertad, y como tal, goza de la protecci√≥n constitucional del art√≠culo 14 bis que espec√≠ficamente dispone que el Estado otorgar√° los beneficios de la seguridad social‚ÄĚ.

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